Diversos analistas nacionales e internacionales de la educación han
señalado que, en todo el mundo, existen dos tipos de políticas
educativas: aquellas que pueden generar conflictos porque afectan los
intereses de algunos actores, y aquellas no conflictivas que benefician
a muchos actores sin afectar intereses.
Las políticas
conflictivas, o más “duras de roer” suelen ser las que apuntan más
directamente a mejorar la calidad educativa. Ejemplos:
a) las
normas orientadas a contar con docentes bien formados, remunerados e
incentivados, lo que se llama Carrera Docente, entendida integralmente
como la suma de los criterios de contratación e ingreso a la carrera,
ascensos, condiciones de estabilidad laboral, evaluación de desempeño,
incentivos, remuneraciones, jubilaciones y retiros;
b) aquellas
relacionadas con la formación, remuneración, procesos de selección, y
sobre todo atribuciones de los directivos en la educación pública; y
c)
aquellas que tienen que ver con la regulación y el aseguramiento de la
calidad, ya sea en la formación de los docentes en las universidades, o
en el desempeño de las propias escuelas y sostenedores.
En
este mismo ámbito de reformas “duras” - siempre más teñidas de disputas
ideológicas - se ubican aquellas de carácter institucional y
superestructural, como lo fue la Ley General de la Educación, o como
lo será el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública,
o la rigurosidad con que se implemente la Agencia de la Calidad, la
Superintendencia de Educación, y las necesarias reformas a la
institucionalidad del Ministerio de Educación. Estas reformas, siendo
por cierto relevantes, no tienen relación directa con lo que ocurre en
la escuela y el aula: la calidad, cantidad y motivación de los
profesores, y el liderazgo de los directivos respecto a sus comunidades
de profesores, alumnos y apoderados.
Políticas no conflictivas
(o “blandas”) son aquellas que, por la vía del aumento de recursos,
generan aumentos de cobertura, infraestructura, equipamiento, libros y
computadoras, asesoría técnica a establecimientos, etc. Ejemplos
recientes del mismo tipo han sido algunos de los pre-anuncios
programáticos del nuevo gobierno: crear 50 liceos de excelencia, o
duplicar el número de horas de deportes en las escuelas. Ciertamente,
todas y cada una de estas reformas son dignas de aplauso, en algo
ayudan a la calidad, y son políticamente vistosas. Cortar cintas y
lanzar este tipo de programas siempre da señales positivas al sistema
político y la ciudadanía.
Sin embargo, la experiencia nos
demuestra que 20 años de reformas mayoritariamente “blandas”, en
balance, no han logrado hincar el diente de manera significativa en los
problemas más graves de calidad, equidad y segregación en la educación,
medidas por el rasero que se desee. La suma de muchas reformas blandas
sirve de poco si no viene acompañada de las reformas más duras,
aquellas que siempre ha sido tentador postergar para el siguiente
gobierno.
En los próximos días, cuando el nuevo Ministro(a) de
Educación anuncie las medidas que el Presidente Piñera le haya
señalado, tendremos una clara idea de por dónde viene la mano, y qué
puede esperar cerca de un millón de escolares que hoy están entre
kinder y cuarto básico, y que de seguir así las cosas, egresarán de
secundaria sin entender lo que leen en 8 o 12 años más.
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